Podemos quiere licencias obligatorias para evitar la explotación comercial de ciertos fármacos

La anterior legislatura en materia de salud en el Parlamento Europeo (PE) estuvo marcada por la irrupción del coronavirus, pero los temas estrella en este ámbito para el año que viene serán la reforma de la directiva y el reglamento farmacéuticos y el espacio europeo de datos, junto a la autonomía estratégica de la Unión Europea (UE). Esta última propuesta pasa por garantizar la capacidad de la UE de producir los ingredientes necesarios para producir sus fármacos, pues en la actualidad la dependencia de las importaciones es muy apremiante.

Pero Podemos va mucho más allá de las discusiones en curso, exigiendo la generalización de las llamadas licencias obligatorias por motivos de interés público. Se trata de un tipo de licencia que permite a una autoridad estatal arrebatar una patente a una compañía y concederla a un tercer actor. Así lo defiende a PlantaDoce Amparo Botejara, responsable de salud en la formación morada.

Botejara cree que es importante desarrollar una industria farmacéutica pública y, para ello, propone que los estados miembro aporten un tanto por ciento para incentivar la investigación y el desarrollo (I+D) públicos. Hecho esto, sostiene ella, “a mayor peso de la contribución pública, no tiene sentido la patente”.

Podemos también quiere suprimir la confidencialidad de la fijación de precios

Para Podemos, esta apuesta queda lejos de la de la farmacéutica semipública Terafront Pharmatech. El equilibrio de poder en esta compañía es el siguiente: el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad dispondrá del 49% del capital, mientras que las privadas Rovi e Insud Pharma controlarán un 25,5% cada una, hasta el 51%. El partido morado votó contra esta iniciativa al no tenerse en consideración sus requisitos de transparencia de precios de las terapias producidas.

De hecho, insiste Botejara, “el caballo de batalla de Podemos en la legislatura europea que viene será el precio de los medicamentos”. Para ellos, regular esta cuestión es crucial para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). En paralelo a su actividad en el PE, pretenden presentar una Proposición No de Ley (PNL) para cambiar el punto 3 del artículo 97 de la ley del 2015 del medicamento que establece que la fijación de precios tiene que ser confidencial.

En otras cuestiones, como el espacio europeo de datos, aun por desarrollar, exigen que los datos sean propiedad de los pacientes, en sintonía con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (Rgpd).