Núria Lozano (Comuns): “La prestación sanitaria no debe condicionarse al logro de beneficios”

El espacio que ahora ocupa Comuns no ha sido parte del ejecutivo catalán desde que, en 2010, su antecesor, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-Euia), dejara de sumar los sufragios suficientes para reeditar un acuerdo tripartito junto al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pero esta salvedad no ha sido impedimento para que la formación de izquierdas prestara su apoyo a presupuestos del Gobierno catalán y, así, condicionara políticas como las del área de salud.

Núria Lozano, portavoz del grupo parlamentario de Comuns en la comisión de salud del Parlamento autonómico, es abogada, sindicalista en Comisiones Obreras (Ccoo) y técnica de riesgos laborales, además de profesora. Lozano defiende ante PlantaDoce la necesidad de avanzar hacia un sistema 100% público e incrementar la dotación de profesionales de la salud en la atención primaria para garantizar la longitudinalidad, eso es, la continuidad asistencial entre un sanitario y un paciente en el transcurso de su vida. En este sentido, considera que la obra de gobierno de ERC ha quedado lejos de su aspiración nominal de reforzar la provisión pública.

Pregunta: ¿Qué balance hacen de la legislatura saliente en materia de salud?

Respuesta: Esta ha sido una legislatura fallida a pesar de nuestros esfuerzos. Aprobamos los presupuestos de 2020, 2021 y 2023, y gracias a ello los recursos de salud aumentaron de forma sustancial. Pero el principal problema no es de recursos, sino de gestión y modelo; pues, con más recursos que nunca, tenemos una situación límite en la atención primaria. Somos críticos con ERC en lo relativo al modelo. Han gestionado Salud desde 2015, con el paréntesis de Josep Maria Argimon, y el problema es que no tenemos un verdadero sistema nacional de salud. Hay concentración y acuerdos con la sanidad privada. Tampoco se nota ese cambio en la percepción de la ciudadanía y en los sanitarios.

P.: ¿Qué es exactamente lo que creen que se requiere, además de una mayor cuantía de recursos, y qué otros déficits han detectado?

R.: Es necesario un nuevo sistema de financiación y un cambio de modelo hacia un sistema de salud totalmente público. Consideramos que ERC no lo ha conseguido, sin dejar de lado que está recortando sobre cuestiones concretas, como en el caso de la concentración pediátrica. Se supone que la mayoría de centros de atención primaria pierden esa atención pediátrica, que queda concentrada en 77 centros. Esto no se ha hecho de forma transparente y además ha originado conflictos durante todo el mandato en los municipios. 

P.: ¿Algún otro retroceso?

R.: También está la cuestión del tercer acuerdo del Institut Català de la Salut (ICS): parece que el Gobierno no garantiza los fondos. Mientras se mejoran las condiciones laborales, se están despidiendo trabajadores eventuales, como ya ha pasado en la Vall d’Hebron. Todo ello indica que el presupuesto de 2024 no incluía mantener estos recursos. Nosotros hemos facilitado herramientas a ERC, pero ellos no han sabido utilizarlas. Luego está la ley en materia de salud bucodental, aprobada a iniciativa de Comuns. Los presupuestos de 2023 incluían el despliegue de esta ley con más de cuarenta millones de euros, pero sólo se han ejecutado diez millones y se contrataron tres odontólogos para toda Cataluña. En definitiva, la legislatura ha sido una gran decepción.

P.: Junts criticaba a ERC que el supuesto aumento presupuestario dedicado a la atención primaria se debe tan solo a un cambio en el sistema de cálculo. ¿Coinciden en el diagnóstico?

R.: En buena parte, sí. El objetivo que nos marcamos en 2023 fue llegar al 25% del presupuesto en materia de salud. La afirmación del Gobierno de que el presupuesto dedicado a la atención primaria se correspondía al 30% no es correcta. El propio ejecutivo admite que se había llevado a cabo el cálculo mediante la fórmula que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es una organización de referencia. La misma OMS recuerda que esta fórmula, efectivamente, incluye gasto farmacéutico, pero también las visitas de atención en urgencias hospitalarias o la inversión en bienes médicos. Este organismo aconseja que, en estados con una primaria más estructurada, sería más adecuada la fórmula de cálculo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que excluye estos conceptos. Por lo que sí, entendemos que la fórmula es incorrecta siguiendo la recomendación de la OMS.

P.: ¿En qué punto se encuentra ahora la cuestión de la reclasificación de los profesionales sanitarios? ¿Hay voluntad por parte del Ministerio de Mónica García para avanzar en esa dirección?

R.: Este acuerdo obedece a una de las mayores movilizaciones de los trabajadores de la salud de los últimos años. Ha sido más una reacción a este conflicto que propiamente una iniciativa del Departamento de Salud, una vez que se constata que en el tercer acuerdo del ICS quedan marginadas algunas trabajadoras del sistema sanitario. Dicho esto, y en lo relativo a la reclasificación, hemos trasladado nuestro apoyo a la propuesta al Ministerio de Sanidad junto con la posibilidad de acceder a la jubilación avanzada en el sector. Consideramos que el Ministerio lo ha recibido positivamente, tal y como constatan las declaraciones públicas de la ministra Mónica García. Aunque es algo que hay que consensuar con las comunidades autónomas.

P.: ¿Es correcto decir que el principal foco de resistencia a esta reclasificación surge de las comunidades autónomas, en tanto que supondría un incremento automático del presupuesto dedicado a salud?

R.: Es cierto que esto supondría un aumento de todas las partidas dedicadas a personal en todas las comunidades autónomas. Sí que existe alguna resistencia por parte de algunas de ellas, muy especialmente de aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP), que no han vivido esta movilización. Pero se trata de una cuestión de justicia, independientemente del grado de movilización en cada territorio.

“Seguimos sin revertir los recortes de 2008 y sin recuperar servicios que fueron redimensionados durante la pandemia”

P.: Con datos del Ministerio de Sanidad en la mano se constata que Cataluña lideró en 2023 la expansión de la atención primaria. ¿Creen que hay que expandir el número de centros disponibles o que es una cuestión de eficiencia de los centros existentes?

R.: Nosotros consideramos compatible crecer en centros e incrementar la eficiencia. Aun así, la ecuación no puede ser tan solo de número de centros: también remite a la dotación de profesionales para estos centros y de la cartera de servicios que ofrecerán los mencionados. Decíamos antes que teníamos un problema de gestión y de modelo, pues con más recursos que nunca, los 15.000 millones de euros reclamados, sufrimos una situación límite en la atención primaria. Con los presupuestos de 2024 no llegamos al 25%, y el 30% de la población no tiene acceso a su médico de cabecera en menos de cinco días, muy lejos del objetivo marcado en 2023, mientras las listas de espera no paran de crecer. Tenemos que situar la atención primaria en el corazón del sistema sanitario. Tenemos que prestigiar al médico de familia y cubrir el déficit de profesionales, como también es importante la longitudinalidad y tener una buena accesibilidad en primaria, o la salud de las catalanas sufrirá un impacto negativo.

P.: PSC y Junts ponían el foco también en el exceso de burocracia y proponían medidas para liberar a los trabajadores del sistema sanitario de estas labores.

R.: El proceso de concentración de determinados servicios de salud, lo que está produciendo es que no exista esta posibilidad de escoger el facultativo que quieras y de garantizar la estabilidad de la relación médico-paciente, que todos los estudios indican que salva vidas y mejora la calidad de vida de la población. Además, tenemos una visión excesivamente hospitalocéntrica. ¿Creamos más centros de salud? Sí, pero dotémoslos de más profesionales para garantizar todos los servicios de proximidad y que las profesionales se pueden concentrar en lo que es más importante: la atención y la prestación de servicios, y que se transfieran también los medios para que la burocracia no les absorba el tiempo que les está absorbiendo. Pero cabe tener en cuenta que la segregación de la atención pediátrica va en detrimento de esta atención primaria porque segrega a los equipos de atención primaria. Queremos impulsar una ley de primaria que garantice la visita presencial en 48 horas y que garantice la proximidad y la longitudinalidad a la que hacíamos referencia.

P.: ¿Qué balance hacen de la colaboración público-privada en Cataluña en materia de sanidad?

R.: Nuestra apuesta es un sistema sanitario 100% público y universal, porque solamente así podemos garantizar un sistema de salud en igualdad para toda la población. También porque estamos convencidos de que los derechos de la ciudadanía están mejor garantizados cuando no hay ánimo de lucro. La prestación del servicio público no puede estar condicionada a la obtención de beneficios. Somos conscientes de que esta no es la realidad de la sanidad catalana: las mutuas y la privada ocupan un espacio que le corresponde al sector público, y cuando se apuesta por debilitar lo público se refuerza el ámbito privado.

P.: ERC asegura que también quiere avanzar hacia una prestación sanitaria 100% pública.

R.: Seguimos sin revertir los recortes de 2008 y sin recuperar servicios que fueron redimensionados durante la pandemia. Tampoco compartimos la apuesta por la existencia en instalaciones públicas de centros privados que utilizan estas instalaciones financiadas a cargo de presupuestos públicos. En esos casos, las ganancias se privatizan, mientras que es la administración la que sufraga los costes y el mantenimiento. Pero no parece ser esta la orientación del Gobierno. No se entienden las dilaciones continuas de los últimos meses en lo relativo a la internalización del transporte sanitario o sus propuestas de abordarla a partir de 2030. Hay que apostar por una sanidad exclusivamente pública en la titularidad, la gestión, la provisión, la ejecución y también en el control. E incluso en el momento actual, con esta prestación de carácter privado, creemos que es imprescindible el control y la auditoría pública de la prestación de los servicios sanitarios.

P.: ¿Esta apuesta por la exclusividad de lo público también es extrapolable a los consorcios? ¿Están en sintonía con el PSC en su apuesta por dar un mayor protagonismo a los municipios en su gobernanza?

R.: Nosotros no concebimos consorcios con participación privada. Y más allá de la fórmula concreta de gobernanza, en Comuns-Sumar defendemos que la gobernanza no tiene que ser simétrica, como no lo son las diversas realidades territoriales. Más allá de esto, es muy importante dibujar un sistema que garantice la equidad territorial al acceso a la salud, adaptando las prestaciones del servicio a las necesidades del territorio en función de los determinantes sociales de salud. Y para conseguir este objetivo, el municipalismo tiene un papel clave que creemos que en estos momentos no está siendo lo suficientemente reconocido.

P.: ERC, en cambio, apostaba por un papel más preponderante del Departamento de Salud.

R.: La apuesta del Gobierno por el actual sistema de concentración de servicios, principalmente en la atención 24 horas, salud sexual y reproductiva y pediatría, desarrollado sin tener en cuenta en muchos casos a los municipios afectados, contribuye a deteriorar el sistema de salud, rompiendo con la proximidad, la accesibilidad y la longitudinalidad, que nosotros consideramos requisitos imprescindibles. Por ello, consideramos que el mundo local tiene que jugar un papel fundamental si queremos garantizar esta equidad territorial. Hay territorios en los que el consorcio puede funcionar bien, como es el caso de Barcelona, pero luego tenemos otros como el del Hospital de Martorell, que está gestionado por una fundación en la que hay operadores públicos, pero también operadores privados, con un funcionamiento más deficiente. Pero más que la contraposición entre local y autonómico, remarcamos la preeminencia de lo público.

P.: ¿Pero en esta contraposición, con cuál de los dos partidos se entenderían mejor?

R.: Algunas posiciones, como la defensa del PSC de la descentralización, obedecen al tipo de implantación territorial. Pero, por otro lado, el posicionamiento que mantiene ERC tiene que ver con el ya mencionado diseño de concentración de servicios. Este diseño se enfrenta a resistencias en el territorio, pues es desde ahí dónde se detecta la situación que se está originando con la concentración de algunos servicios, que produce lejanía geográfica respecto a la población y menor accesibilidad. Es desde esa apuesta que ERC defiende el papel preponderante del Departamento. Pero más allá de apostar por un diseño de país, algo que compartimos, es necesario garantizar esta equidad territorial. Y el diseño actual no siempre garantiza esa equidad, cuya reivindicación se sostiene desde los municipios.