Madrid, Andalucía y Valencia: las comunidades más afectadas por eliminar Muface
En el último año, estas tres Comunidades Autónomas concentraron en conjunto el 55% de las asistencias. De concretarse el desmantelamiento de Muface, el servicio público de salud deberá afrontar el total de ese porcentaje.
19 nov 2024 - 09:28
Las Comunidades Autónomas analizan el impacto del desmantelamiento de Muface. Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana serán de las más afectadas de concretarse la eliminación de la mutualidad de funcionarios, ya que concentran más de la mitad de las asistencias, según La Razón.
En 2023, Muface concentró el 55% de las consultas en estas tres regiones, mismo comportamiento que se repitió el año precedente. Los 253 centros sanitarios registraron 138.170 asistencias, un 5,75% más que en 2022. Como resultado, más de 70.000 de las consultas se llevaron a cabo entre Madrid, Andalucía y Valencia.
Si se lleva adelante la eliminación total de Muface, la salud pública de estas tres comunidades deberá afrontar todo ese volumen. El Gobierno presentó ayer un informe en que se plantea de manera oficial cancelar el servicio de la mutualidad y que los beneficiados pasen a la sanidad pública.
Un millón de funcionarios deberán pasarse a la sanidad pública de cancelarse la operación de Muface
La medida afectaría a un millón de funcionarios, ya que el medio millón restante de mutualistas son atendidos por el sistema nacional de salud. Desde Sanidad han incitado un plazo de nueve meses para hacer el traspaso de Muface al SNS.
El Gobierno se ha justificado en su decisión por ser la mutualidad “ineficiente, difícil de gestionar y fuertemente insostenibles”. Las aseguradoras que ofrecen actualmente la prestación a Muface, Adeslas, Asisa, DKV y SegurCaixa anunciaron a principios de mes que no postularían al próximo convenio, dejando desierta la licitación.
Sanidad propone, sin embargo, una excepción de prestación de servicios a aquellos beneficiaros con enfermedades oncológicas o en sus últimos años de vida. Además, asegura que, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros tres años.