Cristina Contel (Aspe): “Preocupa que Pedro Sánchez ponga de modelo de gestión sanitaria a Valencia”

Cristina Contel es la presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), organización que representa a más de 500 empresas sanitarias privadas, con más de un 70% de representación del sector hospitalario privado. Contel opina que “desactivar” estigmas en la sanidad española y que “todavía hay margen” para la concentración hospitalaria.

Pregunta: La sanidad pública española ha vivido un cambio importante en los últimos meses, sobre todo en la Comunidad Valenciana con la reversión del modelo Alzira. ¿Se puede decir que este ha fracasado o que ha sido derrotado?

Respuesta: Como modelo de colaboración público-privada tenía sentido, ha sido valorado por la población valenciana con un resultado positivo. El modelo todavía se está estudiando en universidades de prestigio como, por ejemplo, en Harvard (Estados Unidos) y en escuelas de negocio. Se ha desmontado en Valencia, pero no ha muerto, porque existen otros territorios que están tomando nota del modelo Alzira.

P.: ¿Algún ejemplo de territorio?

R.: Un ejemplo es Alemania. En algunos landers, la sanidad privada tiene preferencia a la hora de invertir, y si no hay una empresa privada que lo desee, se permite la utilización de recursos públicos.

“Para poner en valor a la sanidad privada no hay que decir que la pública tenga menos recorrido”

P.: Los españoles puntúan con un 6,68 sobre 10 a la sanidad pública española, la nota más alta en la última década, según el Barómetro Sanitario 2017 publicado por el Ministerio de Sanidad. Además la sanidad pública continúa siendo la preferida para el tratamiento de enfermedades graves. ¿Por qué hay que confiar en la privada?

R.: Hay que empezar por desactivar ciertos estigmas. La sanidad pública es excelentísima. Para poner en valor a la sanidad privada no hay que decir que la pública tenga menos recorrido. Para que el sistema sanitario funciones es necesaria la colaboración entre ambas partes, son vasos comunicantes.

P.: Quizás uno de los mayores problemas de la sanidad privada reside en la capacidad de inversión.

R.: Como consecuencia de la crisis hay una capacidad muy limitada para la inversión en la sanidad pública. La mayor parte de la innovación tecnológica hoy por hoy está en manos de la sanidad privada. Si un sistema permite agilizar las inversiones, llevarlas a cabo con un menor coste y con un equipamiento más moderno, ¿por qué no concertar los servicios?

P.: ¿Tiene techo la concentración empresarial en el sector hospitalario español?

R.: No creo que hayamos tocado techo, todavía hay margen. Es verdad que en los últimos años ha habido una concentración empresarial, que solamente conocíamos en otros sectores como es el del aseguramiento y la banca.

P.: ¿Cómo evoluciona el negocio de este sector?

R.: Cuando hay mayor presión asistencial y menor posibilidad de asumirla, la población opta por aseguramientos y nobles coberturas. La expectativa es de crecimiento y que este se produzca en turismo sanitario y en servicios que están fuera del catálogo nacional, de ámbito 100% privado, como es la reproducción asistida, la medicina genómica o la cirugía estética y reparadora.

P.: El salario medio de las mujeres del sector salud alcanzó 23.655,12 euros en 2016, frente a los 33.723 euros de media que cobraron los profesionales hombres. ¿De qué manera les preocupa?

R.: Tenemos cuatro grupos de trabajo abiertos con el Ministerio de Sanidad y uno es de igualdad profesional. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la incompatibilidad y la laboralización son los grandes caballos de batalla que tenemos por delante.

P.: Desde Aspe han mostrado preocupación por el modelo o las políticas sanitarias que impulsará el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué les inquieta exactamente?

R.: Nos preocupa que Pedro Sánchez ponga de modelo de gestión sanitaria a la Comunidad Valenciana, una comunidad que precisamente ha optado por un posicionamiento más radical y de rechazo hacia la sanidad privada. Además, el Ejecutivo ha establecido un régimen de incompatibilidades de los profesionales de la sanidad pública con la privada.