Los interinos que encadenan contratos temporales llevan a España a los tribunales europeos

Los meses previos a las vacaciones de verano han sido intensos en lo relativo a resoluciones judiciales sobre la situación de los interinos en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) se ha pronunciado sobre dos casos: uno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm) y otro sobre una demanda de tres trabajadoras de la Dirección General de la Función Pública de la Generalitat de Cataluña, en febrero y en junio, respectivamente.

La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad impone que todo empleado público en situación de interinaje por más de tres años o bien verá su plaza estabilizada o bien recibirá una indemnización.

Ambas resoluciones en instancias europeas resuelven que la mencionada ley no sanciona adecuadamente el uso abusivo de contratos temporales por parte de las administraciones españolas. La última, en concreto, critica que un trabajador víctima de este tipo de prácticas deba esperar a la apertura de un proceso de selección para ser contratado indefinidamente. El fallo remite a casos de concatenación de contratos temporales durante cuarenta años.

Interinos en salud

El Sistema Nacional de Salud (SNS) empleó a casi 117.000 nuevos trabajadores en 2023, lo que implicó que la sanidad española superara la barrera de los 700.350 sanitarios con contratos fijos, frente a los 583.417 del año precedente. Esto supuso un incremento de un 20% en tan solo un año, según datos del boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap). Aunque el crecimiento en cuestión tenía truco. 

El último Bepsap contaba trabajadores en contratos temporales inferiores a medio año y en prácticas. Los médicos internos residentes (MIR) y otros sanitarios que reciben formación sanitaria especializada, por ejemplo, estaban contabilizados en este segundo grupo. En 2020, con la irrupción del coronavirus, el número de contratos temporales se disparó para atender la emergencia por la pandemia.

Fuentes de Metges de Catalunya achacaron el incremento a doble cifra en declaraciones a PlantaDoce a las prisas por cumplir con lo establecido en la Ley 20/2021, que imponía una fecha límite para conseguir una temporalidad por debajo del 8%: el 31 de diciembre de 2024. Este movimiento apresurado se suma al hecho de que el Tjue considera que conceder la plaza fija a las víctimas de abuso de temporalidad es una posible forma de resarcirlas.

¿Qué margen hay para que se cumpla la sentencia del Tjue?

Las sentencias del Tjue son de aplicación obligatoria en los estados miembro de la Unión Europea (UE), lo que no quiere decir que su ejecución tenga efectos inmediatos. El Tribunal Supremo (TS) denegó la solución de hacer fijos a los trabajadores temporales en una sentencia previa a la del pasado junio. Es por esta razón que la última resolución de la instancia judicial europea se refiere también a la jurisprudencia asentada por el Alto Tribunal: para delimitar aún más posibles interpretaciones que vayan contra el sentido original del fallo.

Mientras tanto, el Gobierno sigue aferrándose a la vía de la estabilización mediante oposiciones contra la que se pronunció el Tjue. José Luis Escrivá, ministro de Función Pública, declaró que el tribunal de la UE se limitaba a definir de qué forma las instancias judiciales debían dirimir casos de abusos de temporalidad. A principios de julio, Escrivá declaró que toda situación de abuso de temporalidad previa a la Ley 20/2021 debe resolverse en sede judicial y “caso a caso”.

A todo ello hay que sumarle el hecho de que las dos grandes centrales sindicales españolas, parte activa en la negociación de la ley que refería el también ministro para la Transformación Digital, han tomado partido por los funcionarios y los candidatos a las oposiciones, cuyos intereses chocan con los de los empleados públicos que encadenan contratos temporales de forma fraudulenta. Estas son, pues, las resistencias que está encontrando el proceso de estabilización de los interinos en España por la vía de la justicia europea.