Europa exige a España contratar como fijos a empleados temporales: ¿Qué ocurrirá en sanidad?

La administración pública española sigue abusando de la temporalidad y puede verse obligada a poner coto a esta situación, con un importante impacto en la sanidad pública.  Así lo resolvió el pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) en una resolución resultante de una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm).

El Tjue insta al ejecutivo de Pedro Sánchez a hacer fijos a cientos de miles de interinos, entre los que se cuentan miles de trabajadores de la sanidad, al entender que el Gobierno no cumple el Acuerdo Marco europeo relativo al trabajo de duración determinada cuando no establece mecanismos sancionadores adecuados. Para esta instancia judicial, un empleado “indefinido no fijo” debe ser considerado un trabajador temporal.

En la resolución del tribunal europeo se señala, en concreto, que la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no capta el espíritu del Acuerdo Marco al establecer una indemnización de veinte días de sueldo por año trabajado limitado a una anualidad para los empleados que han encadenado contratos temporales. Para el Tjue, la citada indemnización no ejerce disuasión suficiente sobre las administraciones que llevan a cabo este tipo de prácticas laborales.

Además, en la resolución se afirma que las convocatorias de procesos de estabilización pensados para personal en contratos de duración temporal no son la mejor medida para corregir las carencias de la ley española, pues en última instancia lo que se requiere es la contratación fija.

España cuenta trabajadores temporales y en formación sanitaria especializada como empleados del sector público

Según datos del boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap), el sistema nacional de salud (SNS) incorporó en 2023 a casi 117.000 nuevos empleados públicos, de forma que la sanidad española pasó de 583.417 trabajadores a 700.350 empleados, un 20% más en tan solo un año. Pero este incremento no es el resultado exclusivo de incrementos en la contratación fija, sino más bien de un cambio metodológico.

En su último boletín, el Bepsap cuenta a trabajadores en contratos temporales inferiores a seis meses y en formación y prácticas. En este último grupo están también los médicos internos residentes (MIR) y otros empleados que reciben formación sanitaria especializada. La cifra del primer grupo, la de la contratación temporal, creció dramáticamente en 2020 durante la pandemia del Covid-19, pasando de un incremento del 37% en seis años, de 2013 a 2019, al mencionado 20% en tan solo un ejercicio, el de 2023.

Parte del crecimiento en la contratación fija podría deberse a la cercanía de la fecha límite marcada por la mencionada ley 20/2021, el 31 de diciembre de 2024, para mantener la temporalidad por debajo del 8%, según fuentes sindicales consultadas por PlantaDoce de Metges de Catalunya. Esto afectaría a un número significativo de médicos, enfermeros y técnicos de enfermería que ejercían en plazas vacías por excedencias, jubilaciones o promociones.

Este medio ha intentado contrastar esta afirmación con el Ministerio de Sanidad, pero en éste se remite al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tampoco ha sido posible obtener ninguna declaración del Ministerio encabezado por Mónica García respecto a la sentencia europea.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm), por su parte, explica a PlantaDoce que no tienen claro si la resolución del Tjue afecta a trabajadores estatutarios, además de a los funcionarios. Los empleados estatutarios son aquellos trabajadores contratados por la administración pública mediante una normativa propia. En cualquier caso, achacan el varapalo del tribunal europeo a la “falta de voluntad” o a la “incompetencia” de la administración, apuntando a que España concentra las tasas de precariedad por temporalidad más altas de la Unión Europea (UE).

En la confederación sindical ven falta de agilidad en la función pública para resolver concursos en los tiempos acordados, una carencia que resulta, una vez finalizados estos procesos, en “una bolsa llena de eventuales”. Para hacer frente a esta situación, el Cesm exige al Gobierno concursos de traslados abiertos permanentes y adjudicación de plazas anuales mediante concurso. Y la sentencia del Tjue, consideran, implica un paso más en esta dirección. En la actualidad, de los 3,5 millones de empleados públicos de España, un millón tienen contratos temporales y 24.000 fijos discontinuos.