Privatización, listas de espera y salud mental: la sanidad valenciana en la agenda del 28M

Valencia prepara su programa sanitario. Los principales partidos políticos de la región proponen medidas relacionadas con la privatización, la disminución de las listas de espera e inversiones en salud mental para las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

En materia de privatización, el programa de Compromís, actual segunda fuerza política, recoge la creación de un estatuto que impida este tipo de operaciones. Además, busca devolver la gestión pública a sus centros. Al hilo de estas ideas, el Partido Socialista del País Valenciano (Pspv), encabezado por Ximo Puig, que es la primera fuerza política en la actualidad, propone acabar con la privatización de la sanidad en esta legislatura.

Mientras, el cabeza de lista del Partido Popular (PP), Carlos Mazón, propone la creación de un departamento de dirección general de atención primaria, con el que busca crear un nuevo modelo de sanidad invirtiendo el 30% del presupuesto general de la región en dicha partida.

Por otro lado, Vox, actual sexta fuerza política y encabezado por Carlos Flores, se muestra reacio a la gestión pública, reflejando que los centros que han pasado a este tipo de gestión están generando grandes pérdidas.

La Comunidad Valenciana situó su deuda pública en 55.032 millones de euros

En el ámbito de la atención primaria, Compromís, encabezado por Joan Baldoví, plantea la creación de un plan para reducir las listas, además de la ampliación del tiempo de atención a los pacientes. El PP, actual cuarta fuerza política, sigue en esta línea, además de proponer que las ambulancias cuenten con un médico.

El Pspv propone la creación de servicios de urgencia 24 horas en los centros de salud. El partido liderado por Puig propone topar en setenta días el tiempo de espera para operaciones quirúrgicas. En este sentido, Carlos Flores, desde Vox, propone un incremento de la plantilla que se ajuste a la demanda real de cuatro médicos por cada diez pacientes, además de un descanso obligatorio mínimo de 48 horas tras cada jornada de 24 horas en atención continuada.

En el ámbito de la salud mental, el partido con Baldoví como cabeza de lista ha destacado la incorporación de profesionales psicológicos en los centros, así como la creación de unidades hospitalarias en materia de adicciones y el incremento de plazas públicas en centros de trastornos adictivos.

Las iniciativas del PP en este área se centran en prestar ayudas económicas de hasta 300 euros por el 30% de los gastos generados por los miembros de una unidad familiar con patologías de este tipo. Mientras, en el apartado de salud mental Vox propone la creación de un plan de adicción a los videojuegos para niños y jóvenes. Pspv plantea la creación de una ley de cronicidad para atender las necesidades de pacientes con Alzheimer, daño cerebral y enfermedades raras.

El ejecutivo actual ha iniciado la reversión del Hospital de Denia, dirigido por el grupo Ribera

En materia de actualidad sanitaria, en los últimos tiempos destaca el proceso de reversión de los servicios públicos privatizados aprobado por el Ejecutivo valenciano actual. El primero de los centros fue el de Alzira en 2018, así como el centro sanitario de Torrevieja en 2021. Este año, el ejecutivo de Puig ha iniciado la reversión del Hospital de Denia, dirigido por el grupo Ribera.

La limitación de citas diarias es otro de los temas que ha llevado a cabo el Ejecutivo valenciano en los últimos meses permitiendo hasta 35 pacientes en las agendas diarias. A pesar de esta medida presentada por la Conselleria los profesionales sanitarios, todavía no se ha acabado de implantar.

En la Comunidad Valenciana un total de 180.000 profesionales trabajan en el sector salud, la región es la cuarta economía española en volumen de Producto Interior Bruto (PIB), hasta 112.603 millones de euros. En 2021, el PIB per cápita se situó en 22.289 euros, frente a los 27.870 euros de PIB per cápita de España, lo que coloca a la región con un 20% inferior a la media española.

En 2022, la región situó su deuda pública en 55.032 millones de euros, que supone un 44,4% del PIB de la Comunidad, mientras que su deuda per cápita fue de 10.777 euros por habitante. En abril de 2023, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha colocado en el 4%, un repunte intermensual de diez décimas.