Javier Sigüenza (AlianzAS): “Sindicatos y patronal queremos cambios en la ley de contratos”

Los servicios esenciales, incluidos los sociosanitarios, quieren llevar su voz al Gobierno. El pasado marzo se creó AlianzAS, una organización empresarial que se ha puesto como objetivo, entre otras cuestiones, cambiar la ley de contratos del sector público para que se compensen los imprevistos con actualizaciones de precios.

Este colectivo afirma que la Ley de Desindexación, aprobada hace casi una década, impide hoy actualizar los precios de sus actividades, lo que imputa a las empresas adjudicatarias los costes derivados de situaciones tales como el incremento del precio de las materias primas o ciertos cambios legislativos.

Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), señalan en AlianzAS, el 29% de los concursos públicos quedan desiertos, lo que la entidad describe como una anomalía en un sector que representa a 1,2 millones de trabajadores.

Javier Sigüenza, secretario general de AlianzAS, detalla a PlantaDoce los retos que tienen por delante en el ámbito que representa y en qué punto se encuentra el diálogo con la administración pública.

Pregunta: ¿Qué problemas enfrenta el sector sociosanitario cuando opta a una licitación pública?

Respuesta: Que una vez que se ha licitado un servicio, no son pocas las veces que desde la administración pública cambian las cartas en mitad de la partida, y ni los costos ni los precios que habías ofertado dan cuenta de la nueva situación. Los márgenes con los que trabajan en estos sectores son estrechos. Y casos como estos son especialmente perjudiciales para el ámbito sociosanitario, pues las empresas de este sector no pueden abandonar la concesión sin más.

P.: ¿Y estas empresas no tienen forma de percibir algún tipo de compensación?

R.: Es verdad que hay alguna sentencia que ya está diciendo, en algún caso muy concreto, que tienen derecho a una indemnización, pero son casos muy puntuales. Nosotros lo que reclamamos es que no haya que ir a los tribunales caso a caso para poder obtenerlo, sino que sea una cuestión que se contemple para todos. Que ante el encarecimiento de una serie de costes se puedan revisar los precios. No pedimos nada más ni nada menos que eso.

P.: ¿Qué cambios legales han puesto en apuros a sus asociados?

R.: Hay cambios legales de todo tipo que afectan de forma desigual a los miembros de nuestra alianza, pero un ejemplo palmario, además de lo relativo al incremento del precio de las materias primas, es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Otro ejemplo de cambio legislativo que afecta a todos es el mecanismo de equidad intergeneracional, un nuevo concepto de cotización en la Seguridad Social.

“Echamos en falta el apoyo del Ministerio de Trabajo”

P.: Pedro Béjar, presidente de la madrileña Plataforma de Atención a la Dependencia (PAD), parte de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), miembro de AlianzAS, declaró a PlantaDoce que el absentismo era un problema, también. ¿Comparten diagnóstico?

R.: El absentismo es un problema en todos los servicios en España. Cada sector tiene su problemática y algunos lo sufren más y otros lo sufren menos. Nosotros aquí buscamos aspectos comunes a todos los servicios y el absentismo es común a todos, no exclusivo del sector sociosanitario.

P.: En definitiva, quieren que cambios como los que mencionan se reflejen en los contratos.

R.: Exacto. Nosotros no estamos en contra de que se exijan nuevas cosas. Lo que no nos parece justo ni correcto es que esto se exija en un contrato que ya está en vigor y sin compensación alguna. Costes como los que enumeraba o bien son producto de decisiones políticas o bien de situaciones difícilmente previsibles, conflictos bélicos como el de Ucrania.

P.: ¿Los contratos con entidades municipales son más susceptibles de cambiar que aquellos suscritos con el estado o las comunidades autónomas?

R.: Es una opinión fruto de una experiencia personal: yo creo que el problema que existe de fondo es que muchas veces las leyes y las normativas se diseñan desde las grandes instancias. Los municipios están más cercanos a la problemática y son, en general, más receptivos a entenderlas. En contraste, a los despachos de la Administración General del Estado, que es de donde emanan las decisiones legislativas, les haría falta acercarse a la realidad empresarial y de la prestación de los servicios de este país. Entonces sí, los agentes locales, en mi experiencia, suelen ser bastante más receptivos y proclives a buscar soluciones.

P.: ¿Quiénes son sus interlocutores para conseguir actualizaciones de precios en los contratos públicos?

R.: Estamos trabajando con todos los partidos nacionales y sus grupos parlamentarios. Aunque el Gobierno, en general, es y ha sido completamente reacio a ejecutar cualquier modificación. Solamente ha hecho caso, y entre comillas, a las presiones del sector de la construcción. Un caso que se concretó en una modificación puntual para permitir la revisión de precios excepcionales en las obras. Pero los servicios esenciales no somos como la construcción: estamos diseminados por toda España: trabajamos con entidades locales, autonómicas y estatales. De ahí la constitución de AlianzAS: para tener una voz única con la que transmitir esta problemática ante el Gobierno, pues la ley de contratos del sector público es una competencia estatal.

P.: ¿Cómo está siendo la comunicación con el Gobierno hasta ahora?

R.: Nos gustaría tener una mayor fluidez en el contacto, pero nos está siendo difícil siquiera tener feedback de algunos ministerios. Concretamente, echamos en falta el apoyo del Ministerio de Trabajo. Y lo digo porque en esto estamos de acuerdo sindicatos y patronales. Comisiones Obreras, UGT y los miembros de AlianzAS tenemos firmados documentos conjuntos pidiendo una modificación de la revisión de precios, porque nos afecta mucho a la negociación colectiva. No acabamos de entender exactamente quién está en contra de la propuesta.