Pedro Béjar: “La ley de acreditación genera inseguridad jurídica al sector de la dependencia"

El sector de la dependencia de la Comunidad de Madrid quiere recuperar los márgenes de beneficio prepandemia. Así lo ha expresado a PlantaDoce Pedro Béjar, nuevo presidente de la Plataforma de Atención a la Dependencia (PAD), la delegación madrileña de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). La PAD congrega empresas que, sumadas, ofrecen 9.100 plazas entre centros residenciales y de día y emplean unos 4.100 trabajadores en ese territorio.

Béjar señala que los sobrecostes a los que ha tenido que hacer frente la industria entre los años 2021 y 2022 también se han cebado contra el margen de las empresas que representa. Un agravio al que, según él, hay que sumar toda una serie de cambios legislativos que suponen mayores gastos e inseguridad jurídica.

Pregunta: ¿A qué retos se enfrenta hoy el sector de la dependencia en la Comunidad de Madrid?

Respuesta: Hace cuatro o cinco años la Comunidad de Madrid aprobó un acuerdo marco con unos precios que no eran nada competitivos. Entonces también se redujeron a 1.500 las plazas públicas que la administración tenía en el mercado. Esto fue antes de la pandemia. En 2019 se empezó a hacer el estudio de costes del siguiente acuerdo marco, ya con un precio bastante más alto: de 72 euros por día. Ese año se incrementó el personal, se incrementaron y se fijaron unos ratios fijos para auxiliares y para departamentos como limpieza, cocina y mantenimiento. Esto a todos nos encajaba.

P: Pero llegó la pandemia…

R: Sí. El año 2020 fue complicado, y en 2021 y 2022 sufrimos un incremento de costes bárbaro. Además, el convenio colectivo, que había estado congelado unos años, de pronto recogió subidas salariales de un 15% o un 16%. En 2022 duplicamos y hasta triplicamos la factura de la luz, cuando en una residencia ya venías pagando 4.000 euros, 5.000 euros o 6.000 euros al mes. Las materias primas también subieron un 15% o un 20%... Así, el acuerdo marco en el que se trabajó en 2019 ahora mismo ha quedado fuera de mercado. Además, hay un agravante, y es que no llevaba asociado subidas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante los cuatro años de duración previstos.

La Comunidad de Madrid ha prorrogado el acuerdo marco anterior sin indexar los precios al IPC

P: ¿Han elevado esta situación al Gobierno de la comunidad?

R: Desde el pasado septiembre veníamos teniendo conversaciones con el consejero para interrumpir el acuerdo marco justamente cuando se daba el cambio del dos más dos, sin perjuicio de que haya un período transitorio, para así adecuar los costes. Pero el pasado 21 de febrero nos comentaron que se va a prorrogar por dos años, que es justo lo que no queríamos, pues eso nos lleva hasta 2026 sin tener precios indexados al IPC. Es decir, que nos quedamos como estamos y seguimos perdiendo poder adquisitivo, sin que eso repercuta sobre la calidad del servicio.

P: ¿A qué sobrecostes está haciendo frente el sector de la dependencia además del que ya afecta las otras industrias?

R: También sufrimos un absentismo bárbaro. Hay tanta opacidad a la hora de pedir una baja y hay tantas situaciones que lo pueden favorecer que, de forma constante, los trabajadores se están tomando los cinco días de libre disposición para asuntos propios. Pero eso tiene que estar compensado por otro lado. Además, la ley de 2022 que establece criterios comunes de acreditación y calidad de los centros limita el número de usuarios por centro.

P: ¿Qué efectos ha tenido la ley que menciona en su ámbito?

R: Esto ha dejado muchos proyectos parados, proyectos con cifras superiores a 120 camas, que es dónde han puesto el límite, lo que deja a estas empresas en la incertidumbre. Lo que no tiene sentido es que en esta ley de acreditación para centros nuevos no hayan tenido en cuenta al sector. Ni siquiera han tenido en cuenta a los sindicatos. Luego, las comunidades autónomas no trasponen esa normativa a su propia comunidad y se genera incertidumbre. Es por esto que estamos un poco perdidos a la hora de invertir.

P: ¿Algún otro cambio legislativo que les haya perjudicado?

R: Ha habido un cambio de legislación en relación a la legionela. Nosotros tenemos varios tipos de contratos de limpieza, y uno de ellos es el contrato de mantenimiento de los depósitos de agua, que es algo que no suele ocurrir en las residencias, pues la legionela está muy bien controlada. Aún así, hemos pasado de hacer una limpieza anual a hacer una limpieza trimestral. Esto nos obliga a multiplicar por cuatro la cuantía del contrato.

P: ¿De qué otra manera la administración podría contribuir a desarrollar su sector?

R: Desde hace unos pocos años, y es algo que se va a incrementar en los próximos siete u ocho años, las promociones de médicos del baby boom se están empezando a jubilar. Y esta generación es mucho más numerosa que la de las promociones que están saliendo de las universidades actualmente. Hay que tener en cuenta a las universidades, a los colegios profesionales y luego homologar los títulos de extranjeros que vienen a España. No puede ser que tarden dos años en convalidárselo. No los puedes contratar ni como auxiliar de clínica porque no tienen el título. Algo que es un problema para la sanidad en general.