Ignacio Fernández-Cid (FED): “El sector público no podrá garantizar el cuidado de los que no puedan pagar una residencia”

El sector de la dependencia en España está al límite. Así lo asegura Ignacio Fernández-Cid Plañiol, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Sin un consenso político que homogenice las diferentes normativas desarrolladas en cada comunidad, el máximo representante de la patronal asegura que no será posible hacer frente al aumento de la demanda motivado por el avance de la esperanza de vida de la población española. Un nuevo modelo formativo, los domicilios como centros efectivos de cuidado para personas mayores que no hayan desarrollado un alto grado de demencia, o la reformulación del modelo de ayudas públicas son algunas de las propuestas que recoge el directivo.

Pregunta: ¿En qué posición se encuentra actualmente el sector de la dependencia en España?

Respuesta: Nos encontramos inmersos en una situación de incertidumbre máxima y de falta de claridad normativa. En verano de 2022, se aprobó un acuerdo en el que se pretendía cambiar el sistema de cuidados en nuestro país. A raíz de la pandemia, se puso de manifiesto que no podía haber tantos modelos como comunidades autónomas, y se descubrió una necesidad de establecer un acuerdo de mínimos que uniese todas las normativas. Inicialmente, el acuerdo se aprobó por la mínima: diez comunidades votaron a favor y nueve en contra. El problema es que las que votaron en contra representaban el 71% de la población de este país. Si a esto le sumas que patronales, sindicatos y plataformas de familiares se opusieron a la propuesta del nuevo sistema, nosotros ya vimos que el nuevo modelo había nacido muerto.

P.: La pandemia pasó como oportunidad perdida…

R.: Así es, pero para todos. El tiempo pasa y, con las elecciones autonómicas y municipales, el mapa político ha cambiado ostensiblemente respecto a ese momento. Ahora no creemos que podamos llegar a un acuerdo de acreditación en ninguna comunidad. Todos queremos evolucionar y dar mejor servicio a los dependientes y a sus familias, pero es imprescindible hacerlo con algo que sea sensato y, sobre todo, sostenible y realizable. Nos gustaría que hubiese un consenso político para poder crear un nuevo sistema de acreditación que redundara en beneficios de los dependientes.

“Nos gustaría que hubiese un consenso político para poder crear un nuevo sistema de acreditación”

P.: ¿Hasta qué punto es necesario solucionar la falta de personal para desarrollar el futuro del sector?

R.: Tenemos varios problemas, pero este es el más acuciante: no podemos dar servicio sin profesionales. Dentro de esta necesidad, destaca la cifra de enfermeros: la situación es vergonzosa. Es una situación que llevamos denunciando años y nadie nos hace caso. Dentro de tres años, esta situación se va a reproducir también con los médicos. Muchos profesionales se marchan a países con mayor remuneración, como Inglaterra o Alemania, y esto agrava el problema. Es más, cada año salen menos enfermeros de las universidades que el número de plazas para cubrir de los profesionales que se jubilan.

P.: ¿Cómo se puede solucionar esta falta de personal para agilizar el relevo generacional?

R.: Nosotros pedimos que se creen más plazas universitarias o que se agilicen los trámites de homologación de los miles y miles de profesionales, en gran medida latinoamericanos, que no pueden ejercer porque no tienen los papeles acreditados. Estamos hablando de dos o tres años de espera. En Alemania, los profesionales del sector de la enfermería proceden de formación profesional. Si el motor de Europa funciona así, no entiendo por qué no reproducimos su modelo en nuestras fronteras, aunque sólo sea para crear una figura intermedia que haga las tareas de ayudante de enfermería. Con eso nos valdría. El cuidado de los mayores no sólo es responsabilidad de las empresas o los operadores: es responsabilidad de la sociedad.

P.: ¿El problema es de gestión o de financiación?

R.: En principio es un problema de falta de financiación. Se decía durante la pandemia que teníamos un sector sanitario que debíamos dignificar mediante la correcta retribución a sus profesionales. Es evidente que un empresario quiere pagar bien a sus empleados, pero la administración no ayuda. No tiene ningún sentido que el coste de una plaza residencial pública, al día, sea tres veces superior al precio de licitación que sacan los concursos. Está bien que nos queramos asemejar a los modelos de países del norte de Europa, pero si ellos invierten sobre el 2% y el 2,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), nosotros estamos sobre el 0,8%. Tenemos que ser consecuentes.

“El sector público no será capaz de garantizar el cuidado de las familias que se marchen de las residencias por no poder pagarlas”

P.: ¿Cómo hacer que haya un aumento?

R.: Cuando nos sentamos en la mesa de diálogo social con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el primer día dijimos que si queríamos conseguir un modelo tan ambicioso en cuanto a la renovación del sistema de cuidados, debíamos desarrollar una valoración económica para saber qué podíamos hacer y que no nos podíamos permitir. Pero no lo conseguimos: se aprobó el sistema sin hacer un número. De las 400.000 plazas residenciales en total que hay en el país, 181.000 son absolutamente privadas. Si se van a subir las ratios de personal, los costes y los precios, las familias no van a poder pagar un centro. El sector público no será capaz de garantizar el cuidado de las familias que se marchen de las residencias por no poder pagarlas. Por ejemplo, la administración asegura, para un dependiente en grado máximo, una persona de compañía durante tres horas y ocho minutos al día. ¿Qué se va a hacer con las otras horas? ¿Vamos a volver a basarnos en el sacrificio de las mujeres?

P.: ¿El tratamiento en domicilios es la mejor solución?

R.: Cuando se establece esta filosofía, por parte de las instituciones públicas, de que el mayor debe envejecer en su casa y que esta circunstancia se debe institucionalizar, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, es lo que ya está sucediendo en nuestro país: el 95,8% de las personas mayores de 65 años ya está envejeciendo en su casa. Sin embargo, cuando lleguen al grado de dependencia en el que necesiten algún cuidado más, el sistema público tiene que ser capaz de ofrecer alternativas para esos pacientes. Los auxiliares que van a los domicilios cuestan alrededor de veinte euros la hora: si van más de tres horas al día ya has pagado una residencia. Pero la cuestión es más profunda: a un gran dependiente no le puedes dar un buen servicio con sólo tres horas, es inviable. No hay que ser muy espabilado para ver, mediante las últimas estadísticas del INE, que el país está en un proceso de envejecimiento muy agresivo. De base, este no es un problema, porque significa que la gente vive más, pero siempre y cuando se planifiquen bien las cosas. Es lo que estamos pidiendo: una mesa para planificar el futuro. Existe capital, empresas y demanda insatisfecha. Y, lo más importante, una demanda futura enorme. Es una falta de previsión, y perdemos todos como sociedad.