Valencia emprende acciones legales ante la compraventa de la concesionaria de Denia

La Generalitat valenciana, contra los accionistas de Marina Salud. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico “emprenderá las acciones legales oportunas” ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Denia, ya que se ha formalizado “sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria de Sanidad”, añade.

Barceló ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Denia. La titular de Sanidad ha trasladado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat valenciana.

“También garantizaremos el cumplimiento de la ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la sanidad pública”, ha añadido la consellera valenciana. Barceló ha enviado a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad al comunicarles que las medidas que adopte la conselleria no tendrán efecto en el ámbito laboral. Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

El Gobierno valenciano insiste en que las medidas no tendrán efecto en el ámbito laboral ni en la parcela asistencial

Barceló ha destacado que la conselleria “seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Denia, tal y como establece el contrato de concesión”.

La consellera ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat valenciana sobre la operación de compraventa en Marina Salud. En su informe, la Abogacía concluyente en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa previa a la compraventa de las acciones. “El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión”, detalla el documento.

La Abogacía añade que, en el caso de una transmisión de acciones, la administración sanitaria debe tener conocimiento previo, porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios. Por ello, estima que la Administración no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria.