2018, el año en que la universalidad y la prescripción enfermera llegaron a la sanidad española

El de 2018 ha sido el año en que la universalidad y la prescripción enfermera aterrizaron en la sanidad española. Dos reivindicaciones históricas, que se materializaron a lo largo de la segunda mitad del año. Por un lado, se liga la asistencia sanitaria a la ciudadanía y no al concepto de asegurado y, por otro, los enfermeros ven incrementadas sus facultades.

El pasado verano el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Sanidad, entonces liderado por Carmen Montón, aprobó un real decreto que modificaba la reforma del Partido Popular, de 20 de abril de 2012, que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Con la nueva regulación, los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en el territorio nacional, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.

Sanidad envió a las autonomías una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma el pasado octubre

La norma otorga al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que son las comunidades autónomas las que se encargarán de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias.

El departamento de Sanidad envió el pasado octubre a las autonomías una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y estas han planteado aportaciones como que la asistencia será gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.

Para los extranjeros no residentes se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago (seguro) o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.

Aquel texto de 2012 dejó sin tarjeta sanitaria a aproximadamente 800.000 inmigrantes. El Gobierno del PP justificó que con esa medida pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de preservar la “sostenibilidad uno de los pilares básicos del Estado del bienestar”. Ese real decreto ley también impuso el copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, lo que incluía también, por primera vez, a los pensionistas.

Y de la universalidad sanitaria a la prescripción enfermera. El pasado octubre el Gobierno dio luz verde a la aprobación de esta medida, una modificación de la regulación vigente desde 2015 que permite a los profesionales enfermeros dispensar medicamentos sin la autorización previa de un médico.

De hecho, desde el Sindicato de Enfermería (Satse) consideran que “España se convierte en el primer país del mundo en el que todas las enfermeras podrán prescribir determinados medicamentos con todas las garantías jurídicas”, lo que, a su juicio, redundará en “una mejor atención y seguridad” para los ciudadanos.