La sanidad privada le pasa la factura al Estado: 4.500 millones para paliar la crisis del Covid-19

“La cuenta, por favor”. En cualquier bar o restaurante siempre llega un momento en que hay que saldar la cuenta y, poco a poco, el sector de la salud va realizando una estimación de los costes asumidos durante la crisis del Covid-19. Llegado el momento, el sector entregará al Gobierno la factura correspondiente, reclamando un plan económico que permita la solvencia y liquidez del sector. Un balón de oxígeno, una línea de crédito, que para la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) se cifra en 4.500 millones de euros, según ha adelantado Carlos Rus, presidente de la patronal, a PlantaDoce.

El sector sanitario privado español está a disposición de los gobiernos de las comunidades autónomas y, por ende, del Ejecutivo central desde el pasado 14 de marzo. Ese día Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa que “todos los centros sanitarios públicos y privados quedan bajo dependencia del Ministro de Sanidad”.

Ahora, más de un mes más tarde desde el estallido de la pandemia del Covid-19 y desde que se decretase el estado de alarma en el país, Aspe parece haber puesto negro sobre blanco las cuentas, la cantidad que la Administración le debería a la sanidad privada. “Hemos elaborado un plan que contempla 2.250 millones de euros por cada mes que dure el estado de alarma para que se pueda dotar al sector de liquidez”, comenta Rus a esta publicación. Teniendo en cuenta que, según la última información disponible esta situación excepcional se alargará hasta el próximo nueve de mayo, la cantidad sobrepasaría los 4.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados por la entidad.

La sanidad privada concentra el 20% de los casos hospitalarios de pacientes con Covid-19

“No hemos empezado a hablar de si se cobrarán los ingresos de los pacientes por Covid-19, sólo hemos pedido un plan económico al Ministerio para garantizar la liquidez de los hospitales y que puedan pagar las nóminas”, afirma Rus.

Actualmente, la sanidad privada en España está atendiendo del orden del 20% de los casos hospitalarios de pacientes con coronavirus. Asimismo, el sector aporta ya el 10,4% de todas las unidades de cuidados intensivos (Ucis) del país para paliar la crisis. De hecho, según los datos actualizados por la propia Aspe, la sanidad privada acumulaba hace dos semanas 2.000 camas de UCI vacías y estaban ya operativas más de 600.

En algunas regiones de España como en Andalucía, los hospitales de titularidad pública sí han tenido capacidad suficiente, mientras que en otras como en Madrid, por ejemplo, la situación es completamente opuesta. “En Madrid, la actividad de los centros ha estado casi en el 100% y se han duplicado y triplicado Ucis”, recuerda el presidente de Aspe.

La industria privada denuncia la incapacidad para hacer frente al pago de alquileres de los centros o remunerar al personal

Sobre la afectación del cese de la actividad privada derivada del Covid-19, el sector hospitalario privado verá un descenso del 85% en su negocio, mientras en las pequeñas clínicas y centros el porcentaje asciende al 100%, por “su menor pulmón financiero”, según la patronal.

Desde la industria denuncian la incapacidad para hacer frente al pago de alquileres de los centros o remunerar al personal durante abril, una situación que en los grandes hospitales podría suceder en los próximos dos o tres meses. Y es que la sanidad no se ha librado tampoco de los expedientes temporales de regulación de empleo (Ertes). Algunos de los ejemplos más sonados durante este periodo han sido los Ertes en Dentix, afectando a más de 3.000 trabajadores y dejando a la empresa en situación de preconcurso; Grupo Miranza, que ha aplicado el Erte sobre el 72% de su plantilla (300 trabajadores); y Clínica Baviera, que ha aplicado el expediente sobre el 87% de sus empleados en España.

Una situación provocada por la menor oferta de servicios de estos grupos durante la pandemia por no considerarse estos como esenciales. Una situación que desde Aspe también han denunciado porque “hay comunidades en las que la incidencia del Covid-19 es menor y estamos preocupados porque hay pacientes con casos de ictus o pacientes oncológicos que no están recibiendo sus tratamientos”.

Cataluña da el primer paso

El Gobierno que ha abierto la veda a las ayudas a la sanidad privada ha sido el de la Generalitat de Catalunya. Esta semana el Gobierno de Quim Torra anunció que pagará a las empresas de sanidad privada 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una UCI.

El Govern abonará esta cantidad por cada enfermo aunque la estancia en cuidados intensivos sea breve. Al final de la pandemia se realizará una auditoría para reajustar los costes, aunque solamente se obligará a los hospitales privados a devolver dinero si han obtenido un beneficio excesivo, según el Gobierno catalán.

Cataluña es la primera comunidad autónoma en decidir compensar la intervención de la sanidad privada y no lo hará asumiendo los costes concretos de los tratamientos realizados, sino pagando cantidades fijas por cada enfermo. Para los casos menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500 euros para hospitalizaciones inferiores a tres días, y el doble, 5.000 euros, a partir de los cuatro días. La Generalitat también abonará 93 euros por cada test PCR que lleve a cabo la sanidad privada.

El Gobierno de Quim Torra pagará 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una UCI

Actualmente, 10,7 millones de españoles que disponen de un seguro médico. Asimismo, el precio medio de una póliza en España es de 65,45 euros, según los datos de Aspe.

Las cinco primeras aseguradoras del país suponen el 77% de la cuota de mercado, y las diez primeras llegan al 88%.  El sector privado, a su vez, mueve cerca de 36.000 millones de euros y concentra 52.000 camas.