Atlas del negocio de las ambulancias: quién controla el transporte sanitario en España

La batalla por conquistar el mapa nacional del transporte sanitario nacional, uno de los contratos más apetecibles de la Administración por su volumen, se libra en las provincias. Las empresas de ambulancias luchan por ganar las licitaciones que emite cada comunidad autónoma y dominar el territorio. Ambulancias Tenorio, Ambuibérica, Falck, Ferrovial, Acciona o la familia Bonomi, además de varias uniones temporales de pequeñas compañías compiten por ganar cada vez más presencia en el país y por los contratos de cada territorio.

En Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, las licitaciones del servicio de ambulancias se emiten por provincias. Ambulancias Tenorio controla desde 2014 las provincias de Sevilla y Málaga por 236 millones de euros. La compañía deberá asegurar el funcionamiento del servicio hasta 2024.

En Huelva, el contrato de ambulancias está adjudicado por 32,2 millones para 2019 y 2020 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Autoamtax, Ambulancias La Cinta, Ambulancias Onuba, Ambulancias Almonte y Ambulancias Aurora. Por otro lado, el transporte sanitario urgente en Cádiz está adjudicado a una UTE formada por SSG, Digamar y Ambulancias Barbate. El contrato se adjudicó en 2019 por 79,3 millones de euros para los siguientes dos años.

En Cataluña el servicio de ambulancias tiene un coste de dos mil millones de euros para los contribuyentes. Se adjudicó en 2015 para los siguientes diez años a Transport Sanitari de Catalunya, una empresa controlada por Investindustrial, el fondo de inversión de la familia Bonomi; la UTE Egara-Lafuente, y Falck.

En Madrid, la división del transporte sanitario urgente está adjudicada a Ferrovial desde 2017 por un importe de 77,3 millones de euros y por cuatro años. La adjudicación en realidad la ganó Alerta, pero presentó una oferta por un importe tan bajo que, al ganar el contrato, no pudo garantizar siquiera el pago de los sueldos a los trabajadores. Finalmente, el contrato fue para la segunda mejor oferta, la de Ferrovial.

En cuanto al transporte sanitario programado, la Administración de la Comunidad de Madrid decidió dividir el territorio en cuatro lotes que suman un total de 110 millones de euros. Las divisiones del contrato fueron asignadas a Santa Sofía, Sasu, Vitalia y Ambulancias Tenorio. La adjudicación estuvo rodeada de polémica porque una de las empresas ganadoras, Santa Sofía, presentó una oferta corregida con típex. A pesar de ello, las autoridades no la excluyeron del proceso.

En Catalunya el servicio de ambulancias tiene un coste de dos mil millones para los contribuyentes

En Valencia se adjudicaron 226,2 millones en 2018 para un contrato que se extenderá hasta 2022 y que cubre tanto el transporte urgente como no urgente. La ganadora de la adjudicación es la UTE Ambulancias Ayuda, formada por ambulancias CSA, Transvía, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Edetanas, Ambulevante, Ambulancias Ayuda y Car Luxe.

En Murcia, el servicio de transporte sanitario fue adjudicado en 2019 a La Generala. La empresa dispondrá de 304 millones de euros para garantizar el funcionamiento de las ambulancias durante los próximos ocho años.

En Castilla-La Mancha, la UTE formada por SSG y Digamar controla las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. El contrato debía seguir vigente hasta 2021 pero la Administración castellanomanchega lo ha cancelado por los reiterados incumplimientos por parte de las empresas adjudicatorias. Próximamente el ente autonómico volverá a licitar el servicio.

En Galicia, doce empresas se reparten el mapa de las ambulancias. El Ejecutivo autonómico adjudicó el contrato por 166 millones de euros a finales de 2019

Por otro lado, el contrato de ambulancias en Cuenca lo controla la UTE Ambulancias Cuenca, que también puede ver peligrar el servicio por las múltiples quejas que ha recibido. En Toledo, el contrato es para Ambulancias Finisterre, que recibió la adjudicación de 53,2 millones de euros en 2018 para garantizar el servicio durante los siguientes cuatro años.

En Castilla y León, la adjudicación de las ambulancias está unificada en todas las provincias. De momento, el contrato está en manos de Ambuibérica y Ambulancias Rodrigo, que dispone de 8,5 millones de euros por ejercicio para garantizar el funcionamiento del servicio para los castellanoleoneses hasta 2021.

En Galicia, doce empresas se reparten el mapa de las ambulancias. El Ejecutivo autonómico adjudicó el contrato por 166 millones de euros a finales de 2019 para los próximos cuatro años. Ambuibérica, quien controló la mayor parte del servicio en la última licitación, ni se presentó en esta ocasión.

Ambulancias Tenorio tiene adjudicado por 139 millones el servicio de transporte sanitario en Extremadura hasta 2021

Las empresas ganadoras de la adjudicación fueron Ambulancias Pontevedra, que controlará dos zonas por 18 millones de euros; la UTE de Servicios Sanitarios Monforte junto con otras compañías, que se llevó el mayor lote, de 21 millones de euros; o Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencia, que se llevó el lote de A Coruña por 19 millones.

En Asturias el transporte sanitario urgente y no urgente está dentro del mismo contrato. El servicio actualmente está gestionado por Transisa desde 2013 hasta 2021, según han informado fuentes de la empresa a PlantaDoce. En Cantabria, Ambuibérica ganó el contrato en 2017 por 42,2 millones de euros para gestionar las ambulancias durante los siguientes cuatro años.

En La Rioja, el contrato público de ambulancias está en manos de Ferrovial, que recibió 26,9 millones de euros en 2017 para gestionar el servicio hasta 2021. En Navarra, la empresa adjudicataria es SSG, pero el contrato expirará próximamente, y se espera una nueva adjudicación para junio de 2020.

En Aragón, el transporte sanitario no urgente está adjudicado a la UTE Transalud por 42,5 millones de euros para los próximos cuatro años. Esta unión temporal de empresas está compuesta por Ivenom y Ambulancias Maíz. El transporte sanitario urgente fue adjudicado a Acciona en 2018 por un periodo de cuatro años.

En País Vasco, el transporte sanitario está controlado, de momento, por Ambulancias Maíz, HTG, Larrialdiak, Ambulancias La Pau y Ambulancias Gipuzkoa. Larrialdiak anunció que renunciaba al servicio en 2019, por lo que las demás empresas han tenido que aumentar sus prestaciones para suplir la baja a partir del 1 de enero de este ejercicio. El Gobierno autonómico ha publicado una nueva adjudicación por 118 millones para controlar el servicio hasta 2022.

Ambulancias Tenorio tiene adjudicado por 139 millones de euros el servicio de transporte sanitario en Extremadura hasta 2021. A finales de 2019 la Junta extremeña decidió no prorrogar el contrato por no existir ninguna circunstancia “excepcional”, aunque lo cierto es que la empresa ha recibido múltiples quejas por cómo ha gestionado el servicio. Los técnicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) ya están redactando los pliegos de la próxima adjudicación, que se publicará a lo largo de este ejercicio. 

En Canarias el contrato de ambulancias se adjudicó por 391 millones de euros en diciembre de 2019. El Ejecutivo dividió el territorio en distintos lotes: Santa Cruz de Tenerife y una de las cuatro divisiones de Gran Canaria fueron para Tasisa, propiedad también de Supsar Invest, que a la vez pertenece a Investindusrial (de la familia Bonomi); Lanzarote, Fuerteventura y otra de las divisiones de Gran Canaria fueron para la UTE formada por Acciona e Icot, mientras que las dos zonas restantes de Gran Canaria fueron para Iscan.

Por último, Baleares es el único territorio donde el servicio de transporte sanitario no está subcontratado a una empresa privada. Lo gestiona Gestión Sanitaria Asistencial de les Illes Balears (Gsaib), una compañía pública que se dedica a gestionar servicios de salud. El Ejecutivo regional le concedió la licitación del servicio en abril de 2018 por un periodo de dos años.