Un informe encargado por Sanidad propone ligar el copago a la salud y la renta

Copago ligado a renta y estado de salud, y no a la situación de personal activo o pensionista. Es una de las recomendaciones más sustanciales realizada en el estudio impulsado por un comité de expertos por encargo del Ministerio de Sanidad, que advierte de que, aunque los copagos reducen el consumo innecesario de medicamentos, también afecta al consumo necesario de fármacos.

Según el informe, “si la finalidad de un copago no es recaudatoria sino incidir en la asignación racional de los recursos, no tiene sentido la distinción entre activos y pensionistas, sino la distinción por renta y estado de salud”.

En este sentido, el comité de expertos, formado por economistas de la salud de varias universidades españolas, propone “extender el tope de gasto mensual que se aplica a personas pensionistas a personas en edad activa”. “Asimismo -prosigue-, convendría extender la exención del copago a aquellos pacientes donde hay evidencia científica de que sus tratamientos son esenciales para el mantenimiento de su salud”.

Pese a proponer una limitación en el copago, el informe Crisis económica y salud en España sí recomienda en sus conclusiones extender el copago a los servicios sociales, un área en el que este mecanismo cobra “una gran relevancia”. “A medida que los sistemas sanitarios y de servicios sociales avancen en su coordinación, deberían considerarse de manera conjunta el establecimiento de techo al copago total por ambos tipos de servicios”, propone.

Tras la reforma sanitaria de 2012, el número total de prescripciones cayó hasta un 20% en Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia

En otro capítulo, el informe sostiene que los últimos cambios formativos tuvieron “una traducción inmediata en la retracción del consumo de medicamentos prescritos ambulatoriamente en el sistema nacional de salud”. En particular, en los primeros catorce meses de aplicación de la reforma sanitaria de 2012, “el número total de prescripciones cayó en más de un 20% en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia, más del 15% en otras nueve regiones y más del 10% en un total de quince de las diecisiete comunidades autónomas”.

“La única región que no vio disminuido el número de sus prescripciones fue aquella que no aplicó inicialmente la reforma, País Vasco”, agrega el informe, que recuerda también que “hay que tener en cuenta que el contexto económico también propició otras medidas de control de gasto”.

“Un elemento importante a reseñar es que, una vez transcurrido el periodo de adaptación inicial, de entre un año y un año y medio, los efectos del copago se diluyen y las series de recetas vuelven a los niveles esperados antes del cambio regulatorio”, señala el informe. “Por tanto, el efecto final, pasada la etapa de transición, es una redistribución de la carga financiera a los usuarios”, apunta.