La supresión de conciertos aumentará el gasto de la sanidad pública hasta 1.300 millones

La Ley de Equidad aumentará el gasto público. La absorción de las actividades de los centros concertados por el sistema público supondría un aumento de entre 1.100 millones de euros y 1.300 millones de euros por parte de la administración pública, según el informe Aportación del sector privado al sistema sanitario, realizado por el Instituto para el desarrollo e integración de la sanidad.

De todo el montante, 1.100 millones de euros corresponderían a estancias y consultas primeras, sucesivas y de alta resolución. Además, si la ley de equidad sigue adelante, el sistema público tendría que hacerse cargo de cerca de 800.000 pruebas diagnósticas, asumidas ahora por la colaboración público-privada y supondría un nuevo aumento de gasto de 60 millones de euros.

Asimismo, la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría llegar a situarse en un intervalo entre un 25% y un 35% más respecto a los costes derivados de la colaboración privada y pública.

El informe asegura que, en caso de absorción total de la actividad concertada, el aumento del gasto podría acercarse a 8.500 millones de euros, que fue el gasto sanitario en concierto registrado en 2020, un 10% del gasto total en sanidad.

La supresión total de la actividad concertada podría provocar un gasto de 8.500 millones de euros

En 2020, los hospitales privados con conciertos sustitutorios, integrados en la red de utilización pública o conciertos parciales, llevaron a cabo 574.000 intervenciones quirúrgicas (15,9% del total), más de diez millones de consultas (11,6% del total), atendieron 2,5 millones de urgencias (11,8% del total) y más de 550.000 altas hospitalarias (12,2%).

El proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado el pasado junio en Consejo de Ministros otorga la condición de excepcional a cualquier fórmula de colaboración público-privada sin distinción, ya sean conciertos, concesiones, contratos u otras fórmulas de colaboración para la prestación de servicios sanitarios.

La iniciativa pretende garantizar la universalidad de la sanidad, limitar concretamente el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables, priorizando la gestión pública directa. Según el Gobierno, la iniciativa beneficiaría a seis millones de personas, entre los que se encuentran perceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y personas de rentas bajas por hijo a cargo.