Muface, a la espera de propuestas de las aseguradoras

Muface entra en acción. Tras la aprobación de la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,1%, las aseguradoras disponen hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas. Tras conocer el alza de las primas, las aseguradoras iniciaron conversaciones con los inversores de servicios sanitarios para decidir si finalmente acudían al nuevo concierto de Muface.

El contrato asciende a 2.681 millones de euros, que se divide en 1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026, 304 millones más de euros en comparación con el concierto que termina este año. En cuanto a la prima, la media por mutualista pasará de 1.032,12 euros al año a 1.208,81 euros en 2026, aumentando 176,69 euros por asegurado, un 17,2% más que el concierto actual.

Una de las opciones que barajaba el Gobierno era aceptar la subida del 14% sólo para un año, y volver a negociar con las mutualidades de cara a 2025. Adeslas calcula que con la subida seguirían teniendo pérdidas de más de cien millones al año con Muface. Otra de las propuestas que contemplaba el Gobierno es que la renovación bianual esté condicionada al aumento del gasto público sanitario.

La prima media de Muface es de 984 euros, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público

Según ha indicado Función Pública, por primera vez se tiene en cuenta en el cálculo del concierto el déficit de tarifa (la diferencia entre primas abonadas y coste sanitario en el que han incurrido las entidades), incluyéndolas en el cálculo a efectos de determinar un incremento de prima que permita compensar las pérdidas y atender los nuevos gastos del sistema sanitario.

Los convenios de Muface y el resto de las mutualidades llevan ya más de cincuenta años en funcionamiento. Con la colaboración público-privada que se lleva a cabo, las mutualidades acuerdan con aseguradoras de salud para cubrir al colectivo de empleados públicos.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es un organismo público español, adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre otros.